El derrame de Magdalena no es un desastre ecológico, por Antonio E. Brailovsky

A UNA DÉCADA DEL DERRAME

Por Antonio Elio Brailovsky[1]

El derrame de petróleo de Magdalena no es sólo un desastre ecológico. También es un desastre institucional. Nos sirve como  caso testigo para ver de qué modo los distintos estamentos del Estado, que debían haber protegido a los  vecinos afectados, los abandonaron a su suerte, dejando de cumplir con sus funciones.

¿Hubo un esfuerzo por despolitizar este desastre?

Llama la atención el rápido silencio de la mayor parte de los medios de comunicación dejaron de considerarlo noticia para que la población lo olvidara. Es sugestivo que cualquier periodista conozca y mencione el desastre del Exxon Valdez, ocurrido en Alaska y del cual en marzo se cumplen 20 años y muy pocos recuerden el del Estrella Pampeana en Magdalena.

Hay algunos motivos para que este aniversario no pase en silencio. Como dijimos en varias oportunidades, se trató de la colisión del buque petrolero Estrella Pampeana de la empresa Shell con el  barco portacontenedores Sea Paraná en el kilómetro 93 del Río de la Plata, a 30 kilómetros de la ciudad de Magdalena. Fue el principal derrame petrolero del mundo ocurrido sobre un curso de agua dulce: unas 5 mil toneladas de crudo, que dañaron el ecosistema y provocaron alteraciones a la salud de los pobladores que fueron contratados para trabajar en su limpieza en condiciones altamente insalubres. Aunque los daños casi no son visibles fácilmente, el ecosistema sigue alterado, en tanto que nuestro sistema judicial sigue negando justicia a los pobladores afectados.

Pero lo más sugestivo y lo que diferencia este desastre del de Alaska es que en el caso de Magdalena hubo un acuerdo político para ocultar las implicancias del desastre. El entonces Presidente de la Nación, el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y la entonces Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano trataron un tema de gravedad inusitada como si fuera un incidente menor. Por ejemplo, ninguno de ellos intentó denunciar penalmente a los responsables del siniestro. Los sectores políticos de oposición tampoco hicieron nada ante el episodio. Recordemos que el escaso interés de los opositores por denunciar una negligencia gubernamental es toda una toma de posición ante el tema.

La velocidad con que lo olvidaron los medios periodísticos sugiere que a menudo los medios no se ocupan tanto de los hechos que se producen como de las repercusiones políticas de esos hechos.

¿Intereses económicos? Sin duda, pero veamos cuáles.

El Estrella Pampeana era lo que se llama un buque monocasco, o con un casco único. En todo el mundo se están prohibiendo los buques petroleros monocasco. Es decir, que sólo pueden circular los petroleros que tienen  casco doble, para evitar derrames en caso de un accidente. Precisamente, el famoso Prestige, que provocó un desastre semejante ante las costas de Galicia era un buque monocasco y por eso no podía entrar en ningún puerto europeo.

¿Qué hicieron las empresas cuando se vieron obligadas a renovar su flota? Ya lo podemos imaginar: mandaron los buques obsoletos a aquellos países del Sur que todavía estaban dispuesto a aceptarlos.

En Argentina la regulación sólo habla de antigüedad: estipula que los monocasco botados hace más de 25 años deben quedar en desuso. La mayor parte de esos petroleros son verdaderas chatarras flotantes. Suelen tener nombres argentinos, pero enarbolan banderas de países que no preguntan demasiado ni tampoco controlan nada, como Liberia. (Precisamente, el Estrella Pampeana era de bandera liberiana, lo que le permitió eludir los leves controles argentinos, una maniobra que ya no puede hacerse por la derogación del Decreto que permitía las banderas de conveniencia). Cubiertos de óxido y con evidentes daños, dan la impresión de estar realizando su último viaje hacia el desguace. Pero es sólo una ilusión: nadie piensa en deshacerse de ellos y así siguen su viaje hasta que tengan algún siniestro.

Si bien la nafta es cara, el petróleo es lo suficientemente barato como para que algunas empresas prefieran perder una cierta cantidad por derrames antes que invertir en un transporte más seguro.

Esos barcos, que son el descarte de lo que los otros países ya no aceptan, no deberían navegar nuestros ríos. Lo hacen porque en su momento recibieron la misma protección política que los dueños de ciertas discotecas para seguir con una conducta inadmisible.

Imaginemos un desastre semejante al de Magdalena frente a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura del Aeroparque, allí donde está la toma de Aguas Argentinas. Recordemos que hay una sola toma de agua para abastecer a 6 millones de personas y que, por razones inexplicables, no hay Plan B para el caso de un derrame de petróleo u otro evento que la inutilice. Imaginemos por un instante la magnitud de una catástrofe como lo sería el dejar sin agua potable a 6 millones de personas por un tiempo que no podemos estimar.
¿Tienen que ocurrir las cosas para que los responsables se den cuenta de que podían haberlas prevenido?

Más allá del obvio reclamo de justicia para los vecinos de Magdalena, me parece que una buena manera de recordar este aniversario es reclamar a nuestras autoridades que no sigan protegiendo a los dueños de esas peligrosas chatarras flotantes y prohíban de una vez la circulación de los petroleros monocasco.

Por otra parte, la actitud judicial a esta altura creo que merece críticas semejantes. La situación de los afectados nos muestra que no existe en Argentina un procedimiento para controlar la actuación de los jueces. ¿De qué forma verificamos que un juez cumpla con su función, con real independencia y en un tiempo razonable? El último resabio monárquico de nuestro sistema institucional es el carácter vitalicio de los jueces. Pero un juez es un funcionario político (aunque lo niegue) y los demás funcionarios políticos tienen que enfrentar periódicamente a la ciudadanía para validar su lugar mediante el voto popular.

Todo el complejo aparataje de control del Poder Ejecutivo contrasta con la ausencia de controles sobre los miembros del Poder Judicial. De modo que vuelvo a preguntar: ¿cómo hacemos para que los jueces cumplan con su función?