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La justicia tan empetrolada como las costas de Magdalena, por Miguel Graziano

Informe especial
La Justicia, tan empetrolada como las costas de Magdalena

[ANPRESS] 

El 15 de enero del ’99, el choque de dos barcos causó el mayor desastre ecológico sobre agua dulce de la historia mundial. Más de cinco millones de litros de petróleo contaminaron 30 kilómetros de la costa bonaerense. En conjunto, unos 500 pobladores de la localidad de Magdalena iniciaron una demanda contra la empresa Shell por mil millones de pesos. Pero, a casi seis años de la tragedia, los reclamos duermen el sueño de los justos.
Por Miguel Graziano

LA PLATA, 01 DIC.- El mayor derrame de petróleo sobre agua dulce de la historia mundial ocurrió en Argentina el 15 de enero de 1999. Y el reclamo correspondiente se encuentra paralizado en la Justicia, cuya última comunicación oficial se remonta al 14 de noviembre de 2002. Las Comunas damnificadas iniciaron juicios y los vecinos lo hicieron por su cuenta. En la causa más importante, que aún no fue notificada a la empresa dueña del petróleo y reúne al 5 por ciento de los vecinos de un pueblo, se solicitan mil millones de pesos para reparar los daños a la salud, a la economía y al medio ambiente. Ahora presentaron una medida cautelar millonaria contra la Shell.

El choque de los barcos Sea Paraná y Estrella Pampeana, de la petrolera Shell, se produjo  en una tarde de cielo celeste y calma en el mar. Fue en las costas de la casi olvidada localidad de Magdalena -distante a unos 100 kilómetros de la Capital Federal-, cuyos vecinos sufren hoy las consecuencias mientras esperan desde hace más de cinco años que la Justicia Federal dicte las resoluciones que permitan activar los 69 juicios iniciados en ese fuero, virtualmente paralizados por temas de competencia que nada hacen a la cuestión de fondo: el tan temido daño al medio ambiente. Y todo ocurre mientras el planeta gira y la vida continúa, mientras la empresa petrolera responsable estudia, y hace pública, la posibilidad de vender sus activos en el país.

Los vecinos exigen una millonaria reparación por el millonario daño sufrido en el medio ambiente, en su vida económica y en su salud. Y entre ellos se encuentran quienes realizaron la limpieza de la zona “supervisados” por la petrolera sólo provistos de sus comunes trajes de baño y, en muchísimas ocasiones, en ropa interior.

El accidente ocurrió en el kilómetro 93 del canal del río de La Plata cuando el buque Sea Paraná, de bandera alemana, chocó al barco Estrella Pampeana, de la petrolera Shell, que transportaba hidrocarburos desde el sur argentino hacia el puerto de Buenos Aires. La colisión se produjo en un día de cielo absolutamente despejado y con las aguas del Río de La Plata decididamente calmas, lo que proporcionaba una perfecta visibilidad.

Y fue así que, choque mediante, y por ausencia absoluta de tareas de rescate del petróleo que fue derramado en el agua, el hidrocarburo demoró 2 días en enlutar la costa del pequeño pueblo bonaerense de 10 mil habitantes, cuyo único lujo y fuente de supervivencia eran sus costas; playas para mitigar el calor del verano y generar una propia microeconomía con emprendimientos gastronómicos y una pesca y caza hasta entonces muy generosas.

El petróleo contaminó aproximadamente 30 kilómetros de costa y llegó, incluso, hasta Berisso, en el Gran La Plata. El hidrocarburo ingresó particularmente en la zona de arroyos y humedales, hasta dos kilómetros tierra adentro. Allí todavía subsisten balnearios municipales de uso recreativo y turístico, comercios y poblaciones, así como el Parque Costero del Sur, una reserva de biosfera, declarada como tal internacionalmente por MAB/UNESCO (Man and biosphere-hombre y biosfera- de la UNESCO), por la importancia ecológica de su flora y fauna autóctona, representativa del ecosistema natural existente en la ribera del Río de La Plata desde antes de la conquista española.

Con el consecuente daño, los juicios no tardaron en llegar. Las municipalidades de Magdalena y de Berisso iniciaron sus reclamos. Y los vecinos hicieron lo propio en varias causas judiciales. Shell, en tanto, presentó en Capital Federal una demanda contra el propietario del Sea Paraná. El Estado bonaerense, entonces, bajo el mando de Eduardo Duhalde, al igual que el de la Nación, a cargo de Carlos Menem, se abstuvieron de su derecho de litigar: no presentaron demanda alguna, ni hicieron cumplir las leyes 24.051 de la Nación, ni la 11.720 y la 25.612 de disposición de residuos peligrosos, ni la 25.675, promulgada en el año 2002.

Pero las circunstancias del país han hecho posible lo inverosímil. Los primeros problemas, con las causas iniciadas, fueron de la competencia para determinar si la causa debía tratarse en los Tribunales Federales de La Plata o en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; aún hoy la Corte Suprema de Justicia no se expidió al respecto, pese a que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, en un substancial fallo de Román Frondizi, determinó la competencia en La Plata, en diciembre de 2003.

El juez en turno en La Plata al momento del ingreso de la primera demanda de la Municipalidad de Magdalena, Ricardo Ferrer, dio unos primeros pasos en materia investigativa. Luego, el magistrado fue filmado con una cámara oculta por la que se lo acusó de cohecho, a raíz de una demanda presentada en otra causa por una empresa de deportes. Su lugar quedó vacante y los litigios por el derrame del petróleo quedaron en manos del Juzgado Federal Nro. 4, a cargo de su colega Julio César Miralles. Allí se encuentran las causas junto a otros 140 mil expedientes, de los cuales 35 mil se tramitan en la secretaría Once, donde actualmente se gestionan los juicios del petróleo con la suerte conocida.

Pero como todo ocurre mientras el planeta gira y la vida continúa entre tragedias, el tiempo pasó y los problemas propios del país presentaron nuevas trabas a las causas seguidas contra la petrolera: en diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, confiscó los ahorros bancarios, la medida fue confirmada luego por quien sería presidente electo por asamblea legislativa de los argentinos, Eduardo Duhalde, y comenzaron a llover juicios contra el llamado “corralito financiero”. El sistema judicial colapsó y todas las causas por el derrame del petróleo, al igual que otras de juicios comunes, quedaron relegadas.

Aunque la Secretaría Once, a cargo de Gustavo Del Blanco, del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, se excusó durante esas primeras semanas de diciembre de 2001 de recibir demandas contra el “corralito”, con el correr de los meses el organismo judicial a cargo de Miralles quedó comprometido en una investigación sobre presuntas irregularidades en y para supuestas facilidades a estudios jurídicos “amigos”, para “sacar” amparos en plazos escandalosamente cortos comparándolos con los amparos en general.

De ese juzgado y de la secretaria de Del Blanco surgió, sin embargo, la única resolución de la Justicia argentina al respecto; un fallo considerado como “uno de los más importantes en materia de medio ambiente”, en el que la empresa petrolera fue condenada “a disponer adecuadamente sus residuos de hidrocarburos abandonados en las costas, sedimentos y ecosistemas de la localidad de Magdalena, provincia de Buenos Aires, conforme el régimen de la ley 11.720″. El fallo, que no contempla resarcimiento económico alguno, fue apelado por la empresa demandada, dueña del petróleo que se derramó.

Otra de las causas en la que actúan más de 500 vecinos de Magdalena, no ha podido ser notificada aún a Shell, producto de las suspensiones de términos que han sufrido los juicios, tanto por la inusual demora en las resoluciones judiciales que permitirían su activación, como por las suspensiones ordenadas por la Corte de la Nación luego de la avalancha de los juicios por el ya mencionado “corralito”.  

La Costanera antes del derrame El Teatro Español

Aunque Shell nunca fue notificada formalmente, las fuentes consultadas no dudan de que la empresa sabe de la existencia del reclamo, desde que la demanda fue presentada en la mañana del 27 de diciembre de 2000. La Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal con sede en La Plata estudia en estos días, frente a la reiterada petición de los letrados intervinientes, si levanta o no la suspensión del proceso y ordena o no dar “traslado de la demanda” a la empresa Shell, por lo que después de casi 4 años, si la Justicia federal platense hiciera lugar a la solicitud de las más de 500 personas, Shell recibiría formalmente el reclamo.

Atrás quedaron los rudimentarios, insuficientes y perjudiciales trabajos de recuperación de las costas, que finalizaron a los cuarenta días del derrame. Atrás quedaron, olvidados por Shell, por la Justicia y por el Estado, los voluntarios -todas personas del pueblo de Magdalena- que trabajaron y cobraron diariamente de la empresa entre 20 y 30 pesos, sin recibos ni contratos de trabajo alguno, ni aportes ni obras sociales, ni vestimenta adecuada; incluido una veintena de menores de edad, uno de ellos de apenas 14 años, quienes trabajaron con sus propias ropas: la mayoría, en pleno verano, con trajes de baño y sin siquiera un par de zapatillas.

La situación bien puede ser más que gráfica sobre cómo se hicieron las cosas, y cómo se deberían haber hecho: el equipo de protección recomendado por las normas internacionales para los llamados “voluntarios totales”, que se encuentran expuestos al contacto directo con el petróleo, es de máscaras con filtros para gases y vapores orgánicos, que se pueden reciclar, pero es imprescindible cambiarles diariamente el filtro para que sigan siendo efectivas; guantes de limpieza fuertes, no de latex, con otros guantes finos de hilo debajo, para el sudor; gafas protectoras; mono blanco desechable; botas que deben colocarse por dentro del traje blanco y del traje de agua para facilitar después la limpieza y descontaminación; y traje de agua de dos piezas.

Las recomendaciones internacionales, utilizadas en el caso del Prestige, en España, por dar un ejemplo de la seriedad con que se tratan este tipo de accidentes en otros sitios, aclaran que, una vez vestido completamente el voluntario, es necesario precintar con cinta de embalar muñecas y tobillos, pegando el traje de agua a los guantes y a las botas de forma que quede estanco. Tal es la diferencia entre el equipo que debió ser proveído y el que se utilizó en el derrame de Magdalena.

En el caso que nos ocupa, los jóvenes trabajaron para la petrolera en la limpieza de la costa con la vestimenta típica que utilizaban cuando iban a la playa limpia de petróleo. La misma ropa que aquí se usa para jugar un partido de fútbol entre amigos. El tiempo pasa y, más allá de seguir sumando intereses a los reclamos, los ciudadanos argentinos no encuentran respuesta alguna para situaciones que en los llamados países del primer mundo revisten gravedad política e institucional para los gobiernos.  

La costa después del derrame Voluntarios “empetrolados” trabajando

La gente sobrevive sorprendida, luego de más de cinco años, porque en Magdalena no se hicieron presentes ni trabajaron entes de defensa ambiental. Sólo resta señalar que, como dijo uno de los jóvenes voluntarios, “nadie nos pidió permiso para destruir nuestras costas con petróleo, y tampoco nos pide permiso la Justicia para ignorar nuestros reclamos. Lamentablemente no quieren darse cuenta de que nosotros vivíamos del río y de su costa, y que este problema está llevando a un pueblo entero a la desesperación, porque tenemos una cantidad insólita de casos de cáncer, de problemas de ‘virus’, de depresiones, y muchas otras cuestiones de salud”, como unas manchas rojas que han comenzado a aparecer en la piel de quienes trabajaron en la costa. [ANPRESS]

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